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Por Felipe
Yapur
Sobre la mesa hay tres cajas de cigarrillos vacías que no logran
tapar una decena de carpetas a las que le sobran decenas de papeles. Al
lado hay una docena de traqueteadas cajas azules de plástico que fueron
abiertas innumerable cantidad de veces. En un cuarto contiguo, dos
colaboradores tipian sin descanso en sendas computadoras. Y finalmente,
sentada en un sofá y rodeada de otras tantas pilas de documentos, está
Elisa Carrió, la titular de la comisión investigadora sobre lavado de
dinero, que se apresta a presentar el próximo viernes el informe final.
Fuma mientras lee una copia del decreto de las últimas medidas económicas.
Cuando llega Página/12 levanta la mirada, saluda y dispara: “Estamos
frente a una verdadero asalto al Estado que implica la estatización
indirecta de la deuda privada”. Tras un corto silencio, dice: “El
plan de Cavallo es una garantía de impunidad a través del blanqueo de
capitales”.
–Ante la reestructuración de la deuda, no puedo estar en desacuerdo
-dice Carrió–. Pero hay que ser claro: carece de respaldo
internacional.
–¿A pesar de que el FMI y el G7 dijeron que estaban de acuerdo?
–Sólo fueron expresiones de voluntad y nada más. Lo que no se dice
es que estamos frente a un default al que no se lo quiere llamar así.
Pero sí debo advertir que es una maniobra extremadamente peligrosa.
Pero lo más peligroso es el jubileo de deudas.
–¿La cesión de acciones al Estado a cambio de cancelar deudas?
–Sí, y es la más grave. Esto debe ser debatido por el Parlamento
porque este decreto de necesidad y urgencia esconde una indirecta
estatización de la deuda privada de los sectores que se beneficiaron
con el régimen de los últimos diez años, que fugaron dinero y que están
altamente endeudados.
–Para eso deben modificar leyes.
–Y la hacen. Es la modificación del artículo 823 del Código Civil
con carácter permanente. Acá se muestra la clara perversidad del
proyecto de (Horacio Tomás) Liendo. Y es que se puede cancelar
cualquier tipo de deuda, pasada, presente o futura con la simple entrega
de sus acciones. Con lo cual el beneficio para Macri en el Correo o para
Eurnekian en Aeropuertos 2000 está claro. Y habrá que sumar varios
apellidos como es el caso del Grupo Yoma o Gualtieri en el Banco Nación.
Esto forma parte de una estatización indirecta de la deuda privada
argentina, de los grandes empresarios que también participaron de la
que se hizo en 1982, y de los beneficiarios y socios del régimen
menemista.
–El gobierno dice que el plan tiende a beneficiar al sector
productivo.
–No es así. Para mí tiene nombre y apellido. Porque un productor o
una Pyme tendrá que conformar una sociedad anónima para acogerse a
esta norma. Esto está dirigido a quienes fugaron el dinero porque se
les permite repatriarlos sin preguntar nada. Se promueve el blanqueo, la
licuación de pasivos y la estatización con mecanismos parecidos al
‘82. Pero lo que más preocupa es la aceptación de la clase política.
–La mayoría apoyó la refinanciación de la deuda.
–Sí. Y yo acuso al silencio de la clase política sobre la estatización
de la deuda privada. Este es el pacto de complicidad que venimos
investigando en la comisión antilavado. Si este silencio y el aval es
posible, es sólo por las contribuciones a los partidos políticos de
estos mismos empresarios. No puedo entender el silencio ante la entrega
de los intereses de la Nación. No puedo entender cómo los argentinos
volverán a pagar las deudas que estos señores tienen con el Estado. Y
el sello de impunidad de toda esta maniobra está en que todas las
medidas cautelares pueden ser recurridas directamente a la Corte
Suprema, que es casi el reconocimiento de que habría un acuerdo político
con la Corte para rechazar todas estas medidas cautelares que se puedan
interponer contra el planteo establecido. Lo que no queda claro es si
esto implica también laimpunidad no sólo a las medidas del gobierno,
sino también a algunos sectores políticos que están siendo
investigados por asociación ilícita.
–Si hay complicidad de la Corte, ¿sucederá lo mismo en el Congreso?
–Habrá que ver, porque también esto es una apelación a la
conciencia. Yo quiero saber si todos los diputados representan a su
pueblo o apuestan a la impunidad de la licuación final de los pasivos
de los que se robaron el país. Pero si la Corte avala todo esto, hay
que entender que la mayoría automática no respondía sólo al
menemismo sino en realidad al régimen.
–De lo que dice se desprende que el denominador común es Cavallo.
–Es el mismo personaje que estuvo en la estatización del ‘82, en el
blanqueo de capitales del ‘92 con el plan Brady que sirvió para
entregar empresas públicas a cambio de bonos que valían dos pesos.
Ahora busca licuar pasivos de los que hicieron los negocios estos años
y que fugaron millones por fuera del sistema legal. Cavallo siempre
estuvo, con los militares y en la democracia. Habrá que ver es si la
democracia funciona igual que la dictadura.
–El viernes la comisión antilavado presentará su informe final. ¿Estos
temas, estos nombres, estarán en dicho informe?
–Lo vamos a presentar, pero vamos a continuar porque muchos de los
bancos investigados son aportantes de la fundación Mediterránea. Es
obvio que Cavallo fue un actor principal para torpedear a la comisión.
Pero él no es el problema. Acá están avalando Duhalde, Alfonsín,
Ibarra, los gobernadores. Acá, el problema no es un ministro, es la
legitimación política de un sistema.
–¿Muchos de las personas que usted nombró, estarán en el informe
final?
–En muchos casos sí. Estará Cavallo, Liendo, (Chrystian) Colombo. Es
el sistema. Todos están implicados y no me importa el costo a pagar.
–En la comisión hay representantes de partido políticos que usted
sostiene que avalan este régimen. ¿Darán acuerdo al informe final?
–La verdad es que lo desconozco. Lo único que nos queda es terminar
de trabajar y después seguir investigando solos.
–Algunos de esos representantes dicen que avalarán las
recomendaciones.
–Me parece bien, pero nosotros los anexos los entregamos, los
firmamos. Allí están las pruebas de la matriz del Estado mafioso y de
sus cómplices.
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