|
Por Fernando
Cibeira
Aunque las reacciones fueron diversas, podría decirse que el
Gobierno recibió la noticia de la liberación de Carlos Menem con
alivio y hasta con algo de satisfacción. Una de las causas de esa
reacción la dio el vocero Juan Pablo Baylac, quien con un visión muy
particular sostuvo que el país daba una imagen “horrorosa” en el
exterior al tener un ex presidente preso. Después en la Rosada daban más
argumentos a favor: el principal, que los ahora ultraopositores Eduardo
Duhalde y Carlos Ruckauf tendrían una valla de contención dentro del
PJ. La opinión más crítica, en tanto, la daban los funcionarios más
políticos. Pensaban que la detención de Menem era una de las pocas
promesas de campaña que –aunque fuera involuntariamente– habían
cumplido y que el costo de la salida lo terminaría pagando el
presidente Fernando de la Rúa.
Lo que ayer expresó en voz alta Baylac es una opinión que desde hace
unos días venía ganando terreno en la Rosada. Inclusive, algo similar
opinaban en el Ministerio de Justicia que encabeza el hermano del
Presidente cuando se les preguntaba qué les gustaría que hiciera la
Corte. Allí se creía que la preocupación que podía existir en el
exterior por la situación de Menem afectaba la imagen argentina, justo
en momentos de extrema debilidad debido a la crisis financiera. Anoche,
Baylac desmentía la veracidad de sus declaraciones.
Cada uno de los funcionarios que opinaron sobre el tema, empezando por
el Presidente, lo primero que destacaron fue la independencia con la que
se había desempeñado el Poder Judicial a lo largo de la investigación,
algo que defendieron como si fuera un logro propio. “La regla de
actuación es el respeto irrestricto a la Justicia”, explicó De la Rúa.
“Cuando se produjo la detención, desde una fuerza política decían
que el gobierno está vinculado a la prisión. Y cuando se dicta otra
medida, otros dicen lo contrario. No tenemos nada que ver, ninguna
intervención, ni en un sentido ni en otro”, agregó.
La oposición política puso la lupa en la pasividad demostrada por el
ministerio de Jorge de la Rúa ante los múltiples pedidos para que dos
de los integrantes de la Corte, Julio Nazareno y Adolfo Vázquez, se
aparten de la causa debido a su conocida relación con Menem. El Estado,
como parte querellante, podría haber hecho suyo el pedido pero lo dilató
hasta que la Corte tomó la resolución de ayer.
Otra lectura que se hacía en Gobierno tenía que ver con la interna del
justicialismo. Luego del viraje de Duhalde y Ruckauf hacia posiciones
opositoras, el Gobierno y el menemismo realizaron una especie de alianza
estratégica para detener la ofensiva. Como resultado visible de esa
entente, el Ejecutivo se benefició con una actitud más amistosa de
parte del justicialismo en el Congreso que desistió de llevar adelante
la derogación de los superpoderes de Domingo Cavallo.
“Seguramente Duhalde y sus amigos, que no fueron solidarios con Menem,
deben estar bastante nerviosos”, se alegraban en la Rosada. La
referencia era al intento de Duhalde de desbancar al ex presidente de la
jefatura del Consejo del PJ. “Ahora esperamos que Menem juegue a favor
de la unidad nacional”, añadía. A esta altura, en la jerga oficial
la “unidad nacional” incluye a cualquier opositor que se aviene a
apoyar los proyectos oficiales. Menem y los legisladores que le
responden suelen tener una actitud comprensiva con las propuestas del
Gobierno que tienen un dificultoso tratamiento judicial.
Además, pensaban que Menem libre y en campaña también les daría una
mano con el ascendiente que mantiene sobre los gobernadores de las
provincias más chicas, quienes en la última negociación con el
Ejecutivo se mostraron más díscolos que de costumbre. De esta manera
en la Rosada creen que podrán partir al bloque de gobernadores
opositores, algo que les da más resultados que enfrentarlos a todos
juntos.
Pero no todos en el oficialismo tenían esa visión positiva.
Funcionarios y dirigentes más en contacto con las segundas líneas,
admitían que ladetención de Menem había sido asimilada por la gente
como un hecho positivo. Y que –crisis económica mediante– aunque el
Gobierno no había podido capitalizar gran cosa de los beneficios que le
podría haber reportado la detención, era más que probable que ahora
pagara los costos por la liberación. Al fin y al cabo, sostenían, ver
a Menem preso fue una de las pocas cosas –si vuelve la Carpa Blanca
podría ser la única– que se dijeron en la campaña electoral y luego
sucedió. “Es así: cuando detuvieron a Menem, nadie felicitó a De la
Rúa. Pero ahora que quedó libre, seguro que lo van a putear”,
explicaba ayer un funcionario, ya resignado a que todo se interprete de
la peor manera posible.
EL
GABINETE, SIN TEMAS SOCIALES
Ministerios en el freezer
La unificación de los ministerios sigue en veremos. Aunque en el
Gobierno aseguraban que el tema se discutiría durante la reunión de
gabinete de ayer, el encuentro giró en torno de la economía, y la
famosa centralización de las carteras de Seguridad Social, Desarrollo
Social y Salud otra vez quedó pendiente.
La superposición de funciones es evidente. Por eso, el jefe de
Gabinete, Chrystian Colombo, comenzó a preparar un proyecto para
unificar las diferentes estructuras en una sola cartera. La idea era
debatir el tema ayer, pero la larguísima explicación del ministro de
Economía, Domingo Cavallo, sobre el canje de la deuda y el futuro
Presupuesto ocupó la mayor parte del encuentro.
Ayer, el titular de la Comisión de Presupuesto de Diputados, el radical
Raúl Baglini, anticipó que el Gobierno convocará a sesiones
extraordinarias para tratar el Presupuesto para el año próximo, que en
los próximos días terminará de definirse. En ese caso, el delicado
proyecto será discutido después del 10 de diciembre, cuando el
justicialismo asuma el control de la Cámara baja.
El
menemismo quiere que Urso y Stornelli “paguen”
Los hombres del ex presidente ya anunciaron que se
cobrarán los días del encierro de su jefe. El juicio político
del juez está en manos de una ultramenemista. El camino hacia
el fiscal.
El
juez federal Jorge Urso se retiró ayer más que serio de los
tribunales de Comodoro Py.
|
|
Por Susana Viau
“Estamos estudiando las medidas; que la gente que ha cometido
aberraciones jurídicas que las pague (sic) y una de las alternativas es
el juicio político”, dijo ayer tras hacerse público el peculiar per
saltum de la Corte y machacando en caliente, el flamante jurista Adrián
Menem, sobrino del ex presidente. La frase era amenazante, aludía a la
destitución de los magistrados intervinientes y dejaba en una nebulosa
cuáles son las otras formas que está evaluando el menemismo para
cobrarse la prisión de su jefe. Lo que sí queda claro es que para los
parientes, amigos y abogados del ex presidente la bestia parda está
circunscripta a las figuras del juez Jorge Urso y del fiscal Carlos
Stornelli, pese a que ambos actuaron siguiendo expresas instrucciones de
la Sala II de la Cámara Federal. Más aún, tanto Adrián Menem como su
padre, el senador Eduardo, recordaron que Urso tiene en trámite una
solicitud de juicio político. La sesión plenaria de hoy, que decidirá
la suerte del juez federal de Mendoza Luis Leiva, responsable del
procesamiento del ex banquero Raúl Moneta, podría ser el ensayo
general del mecanismo montado para hacer “pagar” a los jueces que se
desmandan. En el caso de Stornelli, la ventanilla ante la que
eventualmente debería responder por su osadía no es el Consejo sino un
tribunal ad hoc, algunos de cuyos integrantes son designados por el
Poder Ejecutivo y la propia Corte.
La retórica empleada por Eduardo Menem resultó algo más moderada en
sus vaticinios pero tampoco ahorró adjetivos: la asociación ilícita
ha sido, a sus ojos, una “nefasta y negra manipulación de la Justicia
para imponer una figura traída nada más que para privar de su libertad
al ex presidente”. Y agregó que “cuando el error es tan grosero,
tan aberrante, no puede dejar de pensarse en una intencionalidad”.
Menos visceral que en su declaración de días atrás, cuando deslizó
por primera vez “van a pagar”, Oscar Salvi se limitó a expresar que
la cuestión está en análisis.
En verdad, nada es nuevo. Hace meses, casi al tiempo que Urso dictaba el
ingreso en prisión de Carlos Menem como jefe de una asociación ilícita
destinada a preparar y concretar la venta ilegal de armas a Ecuador y
Croacia, se conocía una investigación de la revista XXIII y del
programa “Día D”, referida a los bienes del juez federal que instruía
la causa. Con esa nota, los consejeros Eduardo Orio y Mario Gersenobitz
ingresaron el artículo periodístico y una solicitud de juicio político:
el mismo procedimiento que había sido utilizado antes en el caso del
juez federal Carlos Liporaci, instructor de la investigación por las
coimas en el Senado. A diferencia de Liporaci, Urso se autodenunció y
solicitó ser investigado. El pedido de juicio político quedó en manos
de la diputada ultramenemista Leyla Chaya (que había sostenido la
desestimación del juicio político al juez federal Eduardo Marquevich):
un auténtico bocatto di cardinale, una espada pendiendo sobre la cabeza
de Urso y ahora con la media autorización de la Corte para salir de la
vaina a cortar.
Es que la integración del Consejo de la Magistratura, un organismo cuya
existencia y características fueron acordados entre el menemismo y Raúl
Alfonsín, tiene su vida señalada por la intensa coloración política
que le imprimen los consejeros procedentes de otro poder, el
legislativo, y su secuela de pactos y reflejos de los vaivenes de los
acontecimientos exteriores. El caso de Leiva es ilustrativo: desde hace
semanas se sabe quiénes lo enviarán a jury, quiénes son los que dudan
y quiénes los que consideran descabellada la situación. No hacía
falta información para imaginar cuál podría ser el voto de Chaya, de
otro menemista, Juan Carlos Pichetto, de Augusto Alasino. A sus filas se
sumaron Eduardo Orio y Gersenobitz (procedentes de los colegios de
abogados), de Angel Fermín Garrote y de Bindo Caviglione Fraga. Un capítulo
aparte será, si es que concurre, el pronunciamiento de Julio Nazareno,
titular de la Corte y presidente del cuerpo. El radical Carlos Maestro
se debate en la duda. Igual que la jueza Margarita Gudiño –quien ya
habría sido conversada por la Corte– y Romero Feris. Contra la remoción
del magistrado mendocino aúnestarían firmes el juez Claudio Kipper,
Horacio Usandizaga, Juan Geminiani y Humberto Quiroga Lavié. Con
semejante correlación de fuerzas, si el menemismo elige la remoción de
entre todas las “alternativas” que dice barajar respecto de Urso, la
suerte del “juez de las armas” estaría sellada. Aunque quizá esa
sea la variable menos inquietante.
Si Carlos Menem, su mujer Cecilia Bolocco, su sobrino, su hermano y sus
abogados se inclinan por la misma estrategia en el caso del fiscal
Stornelli, éste debería enfrentarse a un tribunal de siete miembros y
compuesto por tres ex jueces de la Corte, ex procuradores (categoría en
la que se encuentran, por ejemplo, el propio codefensor de Menem, Oscar
Roger o su coterráneo y amigo, el riojano Angel Agüero Iturbe) o ex
defensores generales, designados uno por el Ejecutivo, otro por el
Senado y otro por la Corte; otros dos abogados con no menos de 20 años,
y otros dos por sorteo, ya sean procuradores ante la Corte, o fiscales
generales o defensores oficiales ante la Corte o tribunales colegiados.
Como se ve, una suma que, bien hecha, siempre puede dar por resultado
sopa.
|
otras voces
|
|
Carlos Reutemann, gobernador de Santa Fe: “Hoy debe ser un
día de mucha alegría para el ex presidente. Carlos Menem ya
pasó por momentos difíciles en su vida política y éste es
uno más que será recordado como una anécdota”.
Leopoldo Moreau, senador nacional UCR: “Me parece una doble
barbaridad. Por un lado, era un fallo anunciado, lo conocían
todos los argentinos, lo que demuestra que fue un fallo
trabajado políticamente. Segundo, porque si hay algo que es
claro, que es indudable, es que Yoma encabezaba una asociación
ilícita”.
Horacio Viqueira, ex secretario de Empleo-Frepaso: “Es la
culminación de reiteradas maniobras para evitar el avance de la
investigación y mantener en la impunidad a sus autores. Y como
dato nuevo debemos resaltar que al menemismo se le sumó la
complicidad del actual gobierno, y, con ello, se consagra la
existencia de una categoría nueva de ciudadano: la de
funcionario público con más privilegios que el común”.
José Dumón, ministro de Trabajo: “(El gobierno) es
respetuoso de la división de poderes y la independencia de la
Justicia. Son fallos de la Justicia y debe acatarlo”.
Héctor Polino, diputado nacional-ARI: “La Corte Suprema de
Justicia de la Nación perdió la oportunidad histórica de
reivindicarse ante la sociedad. En este fallo, cuestionable por
su parcialidad política, sepultó el principio de la división
de los poderes y, con ello, han matado a la República”.
Nilda Garré, ex viceministra del Interior, Frepaso: “Con la
actuación coordinada de los políticos que actúan
corporativamente al mostrar preocupación por un ex presidente
preso, el procurador general que hace lugar al recurso
extraordinario ante la Corte como excepción, jueces que deciden
rápido una causa compleja diciendo que no se configura el
delito de contrabando y de fiscales que no apelan a esa resolución,
se decidió la libertad de Menem”.
Oscar Camilión, ex ministro de Defensa: “(El fallo) más o
menos previsible. La causa, la imputación, siempre fue débil.
Ello no significa que no haya habido una cantidad de hechos que
tienen que continuar siendo investigados”.
Ramón Puerta, senador electo del PJ: “Me alegra mucho. Quedó
claro que la figura de asociación ilícita no era correcta. El
sentido común nos dice que un gabinete y un decreto no pueden
ser encuadrados en esa dirección”.
Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz: “Es un problema de
la Justicia. Sigo sosteniendo lo mismo desde siempre y quiero
ser fiel a lo que ya he dicho hasta este momento: no me alegro
ni me causa tristeza la salida de Menem”.
|
|
