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Por Horacio
Verbitsky
Como en 1982 y 1991, el ministro de Economía Domingo Cavallo vuelve
a aprovechar el corte del financiamiento externo para proponer una
salida que reconcilie los intereses del capital transnacional y los de
los grupos económicos con alguna base en el país. Como entonces,
vuelve a contar con que el miedo al apocalipsis paralice a los sectores
populares, sobre cuyas espaldas se celebraron aquellos y se celebran
estos acuerdos. Mientras a unos se les promete que no habrá devaluación,
a los otros se les licuan las deudas, de modo que las absorba el resto
de la sociedad. Los decretos de emergencia que Cavallo hizo firmar al
estupefacto presidente Fernando de la Rúa propician una transferencia
de ingresos de miles de millones de dólares a las empresas de capital más
concentrado, en distintos sectores de la economía. De los primeros 50
deudores sólo seis tenían problemas de solvencia. Los restantes 44 son
empresas con alta capacidad de pago, que tenían sus créditos al día.
La licuación de esas deudas dispuesta por el gobierno nacional hace una
semana implicará un subsidio a esas empresas próximo a los 5.000
millones de pesos, más de lo que el Estado calcula ahorrar con la
reducción de intereses de la deuda pública y tanto como el superávit
comercial que se obtiene a costa de una recesión sin precedentes en su
duración y profundidad. En realidad el subsidio podrá ser hasta diez
veces mayor, porque se extiende a la totalidad de los 70.000 millones de
pesos en deudas bancarias, que se saldarán con un tercio. Claro,
siempre que cada acreedor lo acepte, cosa que no será tan simple en el
caso de los menos pesados. Esta prodigalidad explica el portazo en la
cara del Fondo Monetario Internacional, cuando todavía no se ha
acordado el canje de deuda pública con los prestamistas externos.
Los miedos
En 1982, al terror por las desapariciones, las torturas y los
asesinatos clandestinos se sumó el efecto deprimente de la guerra
perdida contra Gran Bretaña. La consecuencia de la Primera Aparición
de Cavallo, como fugaz presidente del Banco Central en el último tramo
de la dictadura militar, fue la estatización de la deuda privada, que
pesa como rueda de molino colgada al cuello de toda la sociedad.
En 1991, al terror residual por las atrocidades de la dictadura se agregó
el más fresco miedo a la hiperinflación, en cuyo desencadenamiento el
propio Cavallo actuó como gatillo. Con el desguace del Estado
resultante de su Segunda Aparición, como ministro de Economía de
Carlos Menem, se consolidaron las asociaciones entre bancos acreedores,
empresas transnacionales y grupos locales, que hicieron superganancias
en pocos años. La crisis actual se debe, precisamente, a la ruptura de
esa coalición y los mayores esfuerzos oficiales procuran recauchutarla.
Las transnacionales que adquirieron las empresas prestadoras de
servicios públicos pugnan por la dolarización que las aseguraría
contra cualquier depreciación de sus activos. Los grupos económicos,
que a partir de 1995 vendieron sus participaciones en esas empresas,
presionan por una devaluación que valorice sus activos financieros
colocados en el exterior y mejore la rentabilidad de las exportaciones
primarias de los establecimientos en que invirtieron la parte no fugada
de sus ganancias. Las marchas y contramarchas oficiales, con cambios
diarios de orientación, responden a la dificultad para encontrar una fórmula
que contemple ambos intereses contradictorios. En la pintoresca
entrevista concedida el jueves al corresponsal del New York Times,
Clifford Krauss, Cavallo dijo que la dolarización ya estaba en marcha y
que los argentinos evitarían la devaluación eligiendo usar y gastar dólares
en vez de pesos. “Si los argentinos lo deciden, se llegará
virtualmente al uso de un 100 por ciento de dólares”, dijo. Como acto
fallido, vale: cada día más el dólar es una moneda virtual en la
Argentina. Pero la afirmación del ministro no puedetomarse en serio.
Uno de los principales problemas de la economía argentina bajo su
conducción es que no genera la cantidad suficiente de dólares genuinos
para sostener el modelo de acumulación basado en la valorización
financiera y la fuga de capitales. Por eso, aun cuando un acto de magia
borrara el stock acumulado de deuda, no podría funcionar sin nuevos préstamos
del exterior o (como hoy ocurre) mediante una contracción brutal de la
actividad que reduce esa demanda de divisas. Este año, por ejemplo, el
comercio exterior arrojará un superávit próximo a los 5.000 millones
de dólares, un saldo tan atractivo como incompatible con la reactivación
que muchos dicen ansiar pero que las políticas oficiales no inducen.
En 2001, sobre el miedo a la represión y a la hiperinflación sedimenta
otra capa geológica, el pánico al desempleo masivo y la indigencia
irreparable. En los tres casos los miedos fueron racionales, basados en
hechos tangibles, como las decenas de miles de detenidos-desaparecidos
por la dictadura militar, los miles por ciento de inflación con que
concluyó el anterior gobierno radical y los más de cinco millones de
desocupados, subocupados y sobreocupados actuales. No puede decirse lo
mismo de las salidas propuestas, que desde el punto de vista del interés
colectivo de la sociedad son por completo irracionales.
Menú de conveniencias
Como en 1982 y 1991, Cavallo imaginó ahora un menú de conveniencias
para los dos sectores hegemónicos, una vez más a expensas de los
trabajadores y del resto de la sociedad. Cada sector busca maximizar su
propio beneficio, sin haber logrado una síntesis política, de modo que
el jefe de gabinete Chrystian Colombo se introduce en el laberinto de la
denominada concertación (bendecida por la Iglesia y asistida por el
delegado de las Naciones Unidas), sin haber alcanzado acuerdo alguno
entre los actores reales. El Fondo Monetario Internacional, según
revelación del ministro del Interior Ramón Mestre reclama para aflojar
algún desembolso la aprobación del presupuesto 2002 (que el gobierno
ni siquiera pudo enviar al Congreso con sus números reales dada la
magnitud descomunal del ajuste que propicia) y la sanción de una nueva
ley de coparticipación federal, que consagrará una reducción de casi
10 millones de pesos por día en los ingresos de las provincias.
Bajo el asombroso nombre de Ley de Competitividad, Cavallo ya había
ofrecido al sector financiero una suculenta expansión de sus negocios,
con el uso obligatorio de cheques en todas las transacciones superiores
a mil pesos. La otra ley que impuso como condición para sacrificarse
por la Patria autorizó al Ejecutivo a modificar leyes por decreto. Hace
poco más de un mes, el decreto 1387 invocó esas facultades para fijar
las condiciones en las que se realizaría la denominada “reducción
voluntaria del costo de la deuda pública”. Mientras se sigue
negociando cuáles serán el mix entre devaluación y dolarización y la
forma de imponerlo, la licuación de deudas privadas se derrama como un
bálsamo sedante sobre los nervios de los grandes grupos económicos
locales y las transnacionales productoras de bienes y servicios, entre
ellas las privatizadas en la década anterior.
Licuación de deudas
La licuación había sido pedida en alta voz por el prohombre de la
Patria Contratista Franco Macri, cuya seducción personal produce
efectos tan notables con los ministros de economía como con las mujeres
jóvenes. El artículo 1º del decreto 1387 modificó el Código Civil,
de modo de favorecer la compensación de deudas entre las empresas y el
Estado, un viejo reclamo del Correo Argentino, de Aeropuertos 2000 y de
otras empresas privatizadas. El artículo 27 permitió a toda sociedad
anónima capitalizar sus deudas con el fisco, entregando acciones en
pago de impuestos. Esto implica al menos una postergación en el cobro
de deudas por unos 15.000 millones. Los artículos 30 y 39 dispusieron
que esas sociedades anónimas y todas aquellas que no adeuden impuestos
a la AFIP podrán pagar sus deudas a todos los bancos con títulos públicos
a valor técnico. A su vez, los bancos podrán convertir esos títulos
en préstamos o bonos garantizados con recursos públicos, incluyendo
todo tipo de tributos por su valor nominal. Es decir, se les permite
comprar títulos a precios de mercado, que hoy ronda en el 35 por ciento
de su valor, y descargarlos al cien por ciento al Estado. La licuación
asciende así a dos tercios de las deudas bancarias, que es la
diferencia entre el valor nominal y el de mercado de los títulos públicos.
Este beneficio sólo se acordó a aquellas deudas bancarias “que se
encuentren en situación 3,4,5 ó 6”, lo cual en septiembre de este año
implicaba sólo al 11,3 por ciento de lo adeudado. Grandes estudios
contables recibieron urgentes pedidos de algunos clientes de maquillar
su contabilidad con fuertes pinceladas de colorete rojo, que les
permitiera acogerse al nuevo régimen.
Las categorías 5 y 6 corresponden a Carteras Irrecuperables. Si se
trata de créditos comerciales, los pagos han sido suspendidos luego de
reiteradas refinanciaciones de capital e intereses, se ha decretado la
quiebra o ésta ha sido solicitada por el propio cliente. En el caso de
carteras hipotecarias de vivienda o consumo son aquellas en las que el
atraso en los pagos supera el año. En la situación 6, además, el
deudor tiene atrasos de más de 180 días en sus pagos a ex entidades
financieras. La situación 4 se denomina también con Alto Riesgo de
Insolvencia en la cartera comercial y de Difícil Recuperación en la
hipotecaria. Se aplica al cliente con alto nivel de endeudamiento al que
se ha solicitado la quiebra o la convocatoria de acreedores por
obligaciones de al menos el 5 por ciento de su patrimonio. Ya ha
refinanciado capital e intereses y el banco ha debido hacerle quitas de
capital y aceptar bienes en parte de pago. En cartera hipotecaria, los
atrasos del cliente van de los seis meses al año. La situación 3 también
se llama Con Problemas, para la cartera comercial, y de Cumplimiento
Deficiente, para la hipotecaria. Con un progresivo deterioro en su flujo
de fondos, el cliente tiene problemas para atender normalmente sus
compromisos. Paga los intereses pero refinancia una y otra vez el
capital. Mantiene convenios judiciales y extrajudiciales homologados a
vencer, de los cuales ha cancelado menos del 30 por ciento. En cartera
hipotecaria, tiene atraso en sus pagos de entre tres y seis meses.
Hasta ahí, la disposición podía entenderse como un rescate de
empresas en dificultades, de moderadas a gravísimas, y que sólo
implicaba subsidiar con una quita del 66 por ciento uno de cada diez
pesos adeudados. Pero hace una semana el decreto 1570 firmado el 1º de
diciembre con el alegado propósito de frenar la corrida bancaria y
encerrar todos los depósitos en un corralito que sirva como antesala
del matadero, incluyó un artículo 6º, por completo ajeno al tema, que
extiende el beneficio del decreto anterior a la totalidad de las deudas
empresarias con el sistema financiero. Ese artículo excluye a los
deudores en situación 3 de la automaticidad del beneficio, es decir que
para licuar su deuda “deberán requerir la previa conformidad de la
entidad acreedora”, lo cual devuelve a los bancos parte del arbitrio
confiscado por la redacción anterior. Pero además extiende la misma
posibilidad de socialización de pasivos a los deudores en situación 1
y 2, es decir a aquellos al día o con mínimos atrasos en el
cumplimiento de sus obligaciones. La situación 1 o Normal, corresponde
a los clientes que atienden en forma puntual sus compromisos y tienen
alta capacidad de pago. Para la cartera hipotecaria, sus atrasos no
superan el mes. La situación 2 también se denomina Con Riesgo
Potencial en la cartera comercial o de Cumplimiento Inadecuado, en la
hipotecaria. El cliente en esa categoría puede atender sus compromisos,
pero su flujo de fondos tiende a deteriorarse. Presenta atrasos
reducidos y ocasionales y cancela por lo menos el 30 por ciento de sus
convenios judiciales y extrajudiciales. Si se trata de cartera de
consumo y vivienda, sus atrasos oscilan entre el mes y los tres meses.
Hace un par de meses, los deudores comerciales en esta categoría fueron
divididos en dos subsectores, como parte de un intento oficial por
impedir el desplome de un gran número de ellos a la Situación 3, de la
que la experiencia indica que muy pocos vuelven. El presidente del Banco
Central, Roque Maccarrone, aceptó flexibilizar los requisitos,
considerando que se trataba de créditos otorgados después del tequila,
de acuerdo con las estrictas reglas Basilea y luego de considerar el análisis
de dos calificadoras de riesgo distintas. La primera subcategoría es En
Observación, es decir con atrasos de hasta 90 días. El banco debe
previsionar el 3 o el 5 por ciento del crédito, según cuente o no con
garantías preferidas. La segunda subcategoría es En Negociación o Con
Acuerdos de Refinanciación. Comprende a los deudores que están
negociando o ya alcanzaron acuerdos de refinanciación y a aquellos que
antes de los dos meses de mora comunican su intención de refinanciar
sus deudas.
Iguales sólo ante la
ley
De este modo la posible licuación se extiende a la totalidad de los
71,8 mil millones de pesos en deudas bancarias, de los cuales dos
terceras partes en cartera comercial y un tercio en hipotecaria. La
extensión del beneficio a todas las deudas se obtuvo invocando por
cierto la sacrosanta igualdad ante la ley. La nómina de los primeros
cincuenta deudores privados no financieros, tal como la registró el
Banco Central en septiembre, es impresionante. Sólo cinco de ellos tenían
deudas en categoría 4, o Alto Riesgo de Insolvencia (Correo Argentino,
Compañía General de Combustibles [Soldati], Yoma, Victorio Gualtieri y
Productos Sudamericanos SA). Uno tenía créditos en situación 2, o
Riesgo Potencial (Hidroeléctrica Piedra del Aguila SA). Los créditos
de los 44 restantes estaban en Situación 1, es decir alta capacidad de
pago y cumplimiento puntual. En la lista de quienes podían pagar pero
recibieron el favor oficial figuran todos los nombres imaginables: Pérez
Companc, Repsol, Telecom, Telefónica, Socma, Arcor, Coto, Aguas
Argentinas, Siderar y Tecpetrol (de Techint), Pescarmona, Sideco,
Acindar, CTI, las empresas editoras de los amistosos matutinos Clarín y
La Nación, CTI, American Express, Iveco, Roche, AEC, Metrogas, Irsa,
varias concesionarias de rutas y transportadoras de gas (ver aparte nómina
completa). Sus principales acreedores eran los bancos de la Nación de
la provincia de Buenos Aires, y los privados Río, Galicia, Francés,
del Lavoro, HSBC, Citi, Boston, ING, todos de capitales estadounidenses
y europeos, salvo el Galicia. Tampoco es de extrañar que la
simultaneidad del default externo y la garantía estatal para la licuación
de deudas privadas con el sistema bancario haya provocado la seca
respuesta del Fondo Monetario Internacional. Los acreedores externos no
constituyen un sector al que pueda hacerse a un lado sin dificultad.
Caso por caso
La conformidad del banco acreedor requerida por el decreto, abre la vía
a la negociación caso por caso e incluye en el jubileo al sector
financiero. El poder de veto conferido al banco en el caso de los créditos
en mejor situación insta a los acuerdos privados entre deudores y
acreedores, según la ley de la calle: “Te acepto los títulos si me
das un porcentaje de tu ganancia”. La relación de fuerzas en cada
caso determinará qué parte del 70 por ciento licuado mejorará la
rentabilidad de la empresa o la del banco. Un límite claro para este
mecanismo es la necesidad de los bancos de conservar liquidez, por lo
que no les conviene resignar el dinero líquido que pueden recibir de
sus mejores deudores, a cambio de préstamos o bonos garantizados. Pero
un ingrediente adicional a la negociación es que los grandes deudores
del sistema financiero son al mismo tiempo sus mayores depositantes, de
modo que podrán mantener sus depósitos a cambio de un mayor puntaje en
la licuación de sus deudas. Lo único seguro es que así como la
socialización de la deuda externa hace dos décadas y el remate a
precio vil del capital acumulado por generaciones de argentinos en las
empresas públicas hace una, este clavo vuelve a hundirse en la sufrida
carne del pueblo argentino. Y una triste constatación: aunque lo estábamos
mirando, el muy canalla lo hizo de nuevo.
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