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OTRA VUELTA DE TUERCA PARA LA REFORMA Autor: Adriana Sirna (noviembre de 2000) El operativo provincial de medición y evaluación de la calidad educativa, implementado en la provincia de Buenos Aires, se ha transformado, por sus objetivos implícitos, sus características y su forma de implementación, en un factor de presión, que genera situaciones sumamente violentas, tanto en alumnos como en el personal docente. En
primer lugar, directivos y
maestros son sometidos, por separado y a puertas cerradas, a una serie de
preguntas, cuestionario casi policíaco, que abarca un amplio abanico de
temas referidos al desempeño,
al rol y a la tarea del docente y del director, infraestructura, características,
nivel socioeconómico, etc. de la población escolar. En
segundo lugar, los alumnos quedan, sin su maestro, en manos de los “evaluadores”, personas absolutamente
desconocidas quienes se ocupan de la aplicación de la evaluación, en un
clima totalmente diferente al habitual. Quienes
somos docentes, sabemos que una simple
prueba, genera en los alumnos una situación de tensión particular.
También sabemos, que el resultado obtenido no representa ni
cuantifica fielmente el conocimiento que el alumno ha construido, ni
sus saberes, habilidades o capacidad de utilizar procedimientos diversos. Es
habitual que la tensión y el estrés que producen el estar expuesto ha
situaciones de esta naturaleza, pueden, y de hecho lo hacen, interferir y aún
bloquear su desempeño, razón por la cual, nunca se utiliza sólo la
evaluación escrita para determinar el alcance y la calidad de los
aprendizajes realizados.
También
cabe preguntarse, si es posible abarcar las diversas realidades que
coexisten en la provincia de Buenos Aires, con un único instrumento de
evaluación, ya que es la misma prueba
la que se aplica a la población escolar de clase media, que la que
se aplica en las escuelas marginales y de villas de emergencia. Este
tipo de evaluación externa, estandarizada y de aplicación global,
parece surgir del supuesto de que todos los niños aprenden los
mismos contenidos, en el mismo orden en toda la provincia y
que en determinado mes del año ( abril y agosto, para ser exactos)
deben saber tales o cuales temas. De esta manera, se desconoce la selección
de contenidos realizada por los docentes, la determinación de su alcance en
función de las necesidades, proyectos y saberes previos, la
transversalidad, la articulación interdisciplinaria,
la inserción en el PEI, etc. Surgen,
así , multitud de interrogantes... ¿ Cómo se seleccionan los contenidos a
evaluar? ¿Pueden considerarse válidos los resultados de una evaluación
que no considera el curriculum real ni la organización particular que cada
docente ha realizado? ¿ Se evalúa a los alumnos o a los docentes a través
de los alumnos? ¿ Cuál es el verdadero sentido de esta evaluación? Y
es en este punto, donde se hace necesario separar la paja del trigo,
quedando al descubierto el verdadero objetivo del operativo de medición y
evaluación de la calidad educativa, que no es otro que dotar de un
fundamento pedagógico a la
reforma educativa; dado que un sistema ineficiente requiere de cambios
estructurales capaces de generar mejores resultados a menor costo,
justificando de esta forma, la necesidad de privatizar o concesionar la
educación pública. De
este modo, se introduce el concepto de educación como servicio (que ha de
ser barato, eficiente, y licitable a la mejor oferta) en contraposición de
la educación como derecho inalienable, cuyo sostenimiento es
responsabilidad del Estado Nacional En
este sentido, se está utilizando la misma metodología que se aplicó en la
privatización de todas las empresas estatales: comienza moldeando la opinión
pública acerca de la ineficiencia, se monta toda una campaña de
desprestigio, luego se procede al vaciamiento
de recursos, la atomización de los trabajadores y finalmente se realiza la
venta al mejor postor. El
primer operativo de medición de
la calidad educativa, sirvió de “fundamento”
para la Ley Federal. De allí en adelante, cada nuevo operativo
refuerza la idea de la ineficiencia de la escuela
pública y alimenta su creciente desprestigio, preparando, así, un
terreno fértil para la privatización. El
vaciamiento del sistema es tangible en lo que se refiere al estado de los
edificios, su falta de mantención, la inexistencia de recursos didácticos,
tecnológicos y hasta los de la higiene más elemental, situación
que se agravará, aún más, por la reducción en $ 700 millones del
presupuesto educativo, exigido por el Banco Mundial y el fondo Monetario
Internacional. Los
trabajadores han sido y siguen siendo atomizados, ya que en la actualidad
coexisten simultáneamente distintos sistemas (horas cátedras, módulos,
transferidos, etc.) hecho que se agudiza con las diferencias salariales que
se generan y las que son propias de las distintas jurisdicciones. Ahora,
sólo queda la venta al mejor postor, que ya ha comenzado con la
implementación de las escuelas chárter en la provincia de San Luis. Si
volvemos al tema de la medición y evaluación de la calidad educativa, la
DGCyE explicita, que el objetivo de las mismas es “medir el progreso de
los alumnos y del establecimiento”..... “ si éstos han avanzado y cuánto”.
Lo cual es el puntapié inicial para introducir el salario por mérito
y determinar el monto de dinero que se le asignará a cada institución bajo
el gerenciamiento del Director y la comunidad educativa. A
tal fin se aplican sucesivas instancias, en la primera se miden “ los
conocimientos alcanzados por los alumnos de 6to. y 8vo.año”, (mes de
abril), en la segunda, “ el avance experimentado durante el año actual
(mes de agosto). La
argentina es el primer país latinoamericano en la utilización de esta
metodología de implementación y análisis. El
sistema, que se encuentra en etapa de prototipo, ha sido diseñado por
“expertos” argentinos y de la Oficina Regional para América Latina y el
Caribe ( OREALC ), dependiente de la UNESCO, en convenio con la Dirección
General de Cultura y Educación. La
financiación del proyecto se
realiza con fondos de la DGCyE y fondos provenientes del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento. La calidad educativa está directamente relacionada con la inversión económica. No es posible pretender elevarla con el magro presupuesto que actualmente se destina a educación, ni con los míseros salarios que obligan a los docentes a trabajar en dos y tres cargos para apenas sobrevivir. Un salario de $ 700 de básico, garantizaría, entre otras cosas, un inmediato aumento en la calidad educativa, en tanto que significaría la disminución de la jornada laboral, mayor cantidad de tiempo para la formación y perfeccionamiento docente y la inmediata disminución del ausentismo que se genera por las enfermedades, muchas de ellas laborales, producto de la excesiva carga horaria que nos vemos obligados a trabajar para poder subsistir. Por lo tanto, se hace indispensable:
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