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 Críticas Generales: Medición y Evaluación de la Calidad Educativa

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MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

OTRA VUELTA DE TUERCA PARA LA REFORMA

Autor: Adriana Sirna (noviembre de 2000)

El  operativo provincial de medición y evaluación  de la  calidad educativa, implementado en la provincia de Buenos Aires, se ha transformado, por sus objetivos implícitos, sus características y su  forma de implementación, en un factor de presión, que genera  situaciones sumamente violentas, tanto en alumnos como en el  personal docente.

En primer lugar, directivos  y maestros son sometidos, por separado y a puertas cerradas, a una serie de preguntas, cuestionario casi policíaco, que abarca un amplio abanico de temas referidos  al desempeño, al rol y a la tarea del docente y del director, infraestructura, características, nivel socioeconómico, etc. de la población escolar.

En segundo lugar, los alumnos quedan, sin su maestro, en  manos de los “evaluadores”, personas absolutamente desconocidas quienes se ocupan de la aplicación de la evaluación, en un clima totalmente diferente al habitual.

Quienes somos docentes, sabemos que una simple  prueba, genera en los alumnos una situación de tensión particular. También sabemos, que el resultado obtenido no representa ni  cuantifica fielmente el conocimiento que el alumno ha construido, ni sus saberes, habilidades o capacidad de utilizar procedimientos diversos.

 Es habitual que la tensión y el estrés que producen el estar expuesto ha situaciones de esta naturaleza, pueden, y de hecho lo hacen, interferir y aún bloquear su desempeño, razón por la cual, nunca se utiliza sólo la evaluación escrita para determinar el alcance y la calidad de los aprendizajes realizados.

            También cabe preguntarse, si es posible abarcar las diversas realidades que coexisten en la provincia de Buenos Aires, con un único instrumento de evaluación, ya que es la misma prueba  la que se aplica a la población escolar de clase media, que la que se aplica en las escuelas marginales y de villas de emergencia.

Este tipo de evaluación externa, estandarizada y de aplicación global,  parece surgir del supuesto de que todos los niños aprenden los mismos contenidos, en el mismo orden en toda la provincia y  que en determinado mes del año ( abril y agosto, para ser exactos) deben saber tales o cuales temas. De esta manera, se desconoce la selección de contenidos realizada por los docentes, la determinación de su alcance en función de las necesidades, proyectos y saberes previos, la transversalidad, la articulación  interdisciplinaria, la inserción  en el PEI, etc.

Surgen, así , multitud de interrogantes... ¿ Cómo se seleccionan los contenidos a evaluar? ¿Pueden considerarse válidos los resultados de una evaluación que no considera el curriculum real ni la organización particular que cada docente ha realizado? ¿ Se evalúa a los alumnos o a los docentes a través de los alumnos? ¿ Cuál es el verdadero sentido de esta evaluación?

Y es en este punto, donde se hace necesario separar la paja del trigo, quedando al descubierto el verdadero objetivo del operativo de medición y evaluación de la calidad educativa, que no es otro que dotar de un fundamento pedagógico  a la reforma educativa; dado que un sistema ineficiente requiere de cambios estructurales capaces de generar mejores resultados a menor costo, justificando de esta forma, la necesidad de privatizar o concesionar la educación pública.

De este modo, se introduce el concepto de educación como servicio (que ha de ser barato, eficiente, y licitable a la mejor oferta) en contraposición de la educación como derecho inalienable, cuyo sostenimiento es responsabilidad del Estado Nacional

En este sentido, se está utilizando la misma metodología que se aplicó en la privatización de todas las empresas estatales: comienza moldeando la opinión pública acerca de la ineficiencia, se monta toda una campaña de desprestigio, luego se procede al  vaciamiento de recursos, la atomización de los trabajadores y finalmente se realiza la venta al mejor postor.

El primer operativo de medición  de la calidad educativa, sirvió de “fundamento”  para la Ley Federal. De allí en adelante, cada nuevo operativo refuerza la idea de la ineficiencia de la escuela  pública y alimenta su creciente desprestigio, preparando, así, un terreno fértil para la privatización.

El vaciamiento del sistema es tangible en lo que se refiere al estado de los edificios, su falta de mantención, la inexistencia de recursos didácticos, tecnológicos y hasta los de la higiene más elemental, situación  que se agravará, aún más, por la reducción en $ 700 millones del presupuesto educativo, exigido por el Banco Mundial y el fondo Monetario Internacional.

Los trabajadores han sido y siguen siendo atomizados, ya que en la actualidad coexisten simultáneamente distintos sistemas (horas cátedras, módulos, transferidos, etc.) hecho que se agudiza con las diferencias salariales que se generan y las que son propias de las distintas jurisdicciones.

Ahora, sólo queda la venta al mejor postor, que ya ha comenzado con la  implementación de las escuelas chárter en la provincia de San Luis.

Si volvemos al tema de la medición y evaluación de la calidad educativa, la DGCyE explicita, que el objetivo de las mismas es “medir el progreso de los alumnos y del establecimiento”..... “ si éstos han avanzado y cuánto”.  Lo cual es el puntapié inicial para introducir el salario por mérito y determinar el monto de dinero que se le asignará a cada institución bajo el gerenciamiento del Director y la comunidad educativa.

A tal fin se aplican sucesivas instancias, en la primera se miden “ los conocimientos alcanzados por los alumnos de 6to. y 8vo.año”, (mes de abril), en la segunda, “ el avance experimentado durante el año actual (mes de agosto).

La argentina es el primer país latinoamericano en la utilización de esta metodología de implementación y análisis.

El sistema, que se encuentra en etapa de prototipo, ha sido diseñado por “expertos” argentinos y de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe ( OREALC ), dependiente de la UNESCO, en convenio con la Dirección General de Cultura y Educación.

La financiación del  proyecto se realiza con fondos de la DGCyE y fondos provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

La calidad educativa está directamente relacionada con la inversión económica. No es posible pretender elevarla con el magro presupuesto que actualmente se destina a educación, ni con los míseros salarios que obligan a los docentes a trabajar en dos y tres cargos para apenas sobrevivir. Un salario de $ 700 de básico, garantizaría, entre otras cosas, un inmediato aumento en la calidad educativa, en tanto que significaría la disminución de la jornada laboral, mayor cantidad de tiempo para la formación y perfeccionamiento docente y la inmediata disminución del ausentismo que se genera por las enfermedades, muchas de ellas laborales, producto de la excesiva carga horaria que nos vemos obligados a trabajar para  poder subsistir.

Por lo tanto, se hace indispensable: 

  • La defensa de la educación como derecho, del cual el Estado debe hacerse cargo.

  • La defensa de un  salario de $ 700, que garantice una vida digna y una educación de calidad.

  • La anulación de la reforma educativa.

  • La convocatoria a un Congreso de Delegados que discuta y resuelva las acciones a seguir.

 

ADRIANA SIRNA