Comisión 7

PUNTO 1: LA DISTRIBUCIÓN DE ATRIBUCIONES ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, LOS GOBIERNOS DE PROVINCIASY LOS MUNICIPIOS Y ENTRE DISTINOS PODERES (EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL) EN CADA JURISDICCIÓN

DICTÁMEN DE CONSENSO UNÁNIME

Que se deje en claro que las funciones del Estado en materia de educación, están establecidas en la Constitución Nacional y Provincial. Además que las leyes que la reglamentación guarden necesaria coordinación, para que el sistema tenga coherencia. La ley de educación asegurará también la progresiva provincialización y municipalización de la gestión educativa, con la imprescindible y necesaria transferencia de los recursos pertinentes del Estado Nacional, especialmente volcados a las provincias de menores recursos propios, aumentando los índices de coparticipación en los impuestos nacionales correspondientes a los menos desarrolladas.

Deberá garantizar una amplia libertad operativa de la diversidad de regiones, asegurando la organicidad en la coordinación indispensable entre jurisdicciones y sectores y su continuidad a pesar de los cambios gubernamentales, fomentando e implementado una mayor articulación interjurisdiccional.

Que se redefinan las competencias del Estado Nacional, del Estado Provincial y del Municipio en materia de educación, teniendo como sustento filosófico y moral la educación de esta estructura del Estado, mediante un proceso de regionalización, desconcentración y descentralización para resolver la problemática de la demanda educativa.

Cada uno de los estamentos dictará pautas reglamentarias que den unidad y coherencia al sistema educativo, delegando autoridad y responsabilidad a organismos y agentes menores, de tal modo que se asegure el principio de la descentralización, en el marco de un proyecto nacional.

"Debe estar a cargo de las provincias la enseñanza inicial, incluyendo jardines maternales, primaria y media, debiendo ser transferidos los establecimientos nacionales a las provincias junto con los recursos respectivos a fin de garantizar la descentralización del sistema educativo"

La regionalización, la provincialización, el federalismo, presupone que los estados provinciales no deben delegar funciones que puedan cumplir. Por lo tanto se debe provincializar la enseñanza superior con el presupuesto de la Nación, y con la creación de los organismos intergubernamentales, e interuniversitarios necesarios para que se brinde el servicio pertinente.

DICTÁMEN DE ACUERDO MAYORITARIO

Que se deje claramente consignada en la legislación del Estado, a cuyo efecto dará pautas, los contenidos mínimos y básicos de la educación, en todos los niveles, ejerciendo su legítimo derecho a prestar y asegurar la prestación, controlar y supervisar los servicios educativos, en función de las exigencias del bien común nacional.

La acción del Estado está referida a reglamentar los contenidos mínimos para todos los niveles, prestar y asegurar la prestación, controlar y supervisar su cumplimiento , en función de su deber inalienable de procurar el bien común nacional, sin que ello signifique monopolizar la acción y desarrollo de los servicios educativos garantizando la enseñanza gratuita y criterio de asistencialidad, para atender situaciones derivadas de la realidad socio-económica.

DICTÁMEN DE DISENSO

Que se deje claramente consignado en la legislación la función que le compete al Estado, en orden al servicio educativo y su prestación por parte de los distintos agentes, asegurando y garantizando el ejercicio efectivo de la libertad de enseñanza, conforme a las prescripciones constitucionales vigentes. A esos efectos, al Estado le compete establecer las pautas y contenidos mínimos para todos los niveles de la educación y supervisar su cumplimiento, así como prestar a su vez el servicio educativo de ser ello necesario o conveniente en función del bien común nacional. Es también de su competencia garantizar el real cumplimiento de la enseñanza obligatoria que se establezca y la asistencialidad para atender situaciones de la realidad socioeconómica.

Se crearán organismos intermedios de gobierno escolar descentralizados, teniendo en cuenta las zonas y los niveles. Dichos organismos serán autónomos en la toma de decisiones que no requieran la intervención del organismo central, conforme con la reglamentación.

DICTÁMEN DE ACUERDO MAYORITARIO

Creación de los consejos colegiados en todas las jurisdicciones integrados por docentes de todos los niveles de la enseñanza y ciudadanos representantes de la comunidad, elegidos democráticamente por cada estamento.

DICTÁMEN DE DISENSO

Creación de consejos colegiados a nivel provincial de la Capital y territorios nacionales y a nivel municipal cuya integración y funciones corresponde de terminar en cada nivel.

DICTÁMEN DE ACUERDO MAYORITARIO

Creación de consejos escolares colegiados a nivel municipal integrados por miembros de la comunidad elegidos democráticamente en elecciones generales cuya gestión se desarrollará en el nivel medio administrativo de los servicios provinciales existentes en el municipio.

Cada jurisdicción aportará equitativamente partidas presupuestarias para el cumplimiento de sus objetivos cuya distribución estará a cargo de los consejeros colegiados.

Entre las funciones de los consejos colegiados municipales estará la de relevar las necesidades de cada zona, para responder a éstas conforme al principio de asistencialidad integra.

DICTÁMEN DE CONSENSO UNÁNIME

Redimensionar los distritos escolares para un mejor conocimiento y atención de los mismos.
Asegurar que las direcciones técnicas estén integradas por personal de carrera de las respectivas ramas.
El Estado fomentará la apertura de centros culturales en barrios, sindicatos, hospitales, destacamentos militares, poblaciones de fronteras y escuelas rurales alejadas.
Fomentará el desarrollo de hogares escuela donde hiciere falta para posibilitar la educación integral en áreas de poca densidad poblacional.
Conformar en las unidades escolares consejos integrados por padres, alumnos y docentes con tareas debidamente delimitadas.

El gobierno de la educación debe ser colegiado y garantizar la participación en las determinaciones y responsabilidades junto con el Estado, de todos los interesados, en todos los niveles y en todos los sectores: docentes, alumnos, padres, asociaciones sindicales, colectividades y cuerpos intermedios.

DICTÁMEN DE DISENSO

Los organismos centrales intermedios de las unidades escolares en cada jurisdicción: los organismos centrales son los responsables de la unidad del sistema educativo. Para ello deben atender a que se cumplan los objetivos nacionales, o provinciales, o municipales, según el caso. Deben también asegurar la descentralización que permita la acción u la iniciativa de los organismos intermedios de cada escuela para mejor gobierno educacional.
La Iglesia Católica con la peculiar ubicación le reconoce la Constitución Nacional de 1853/60 y el Código Civil tiene participación como agente y factor de educación.

Los organismos intermedios y las asociaciones y sociedades y las demás iglesias legalmente reconocidas abocadas al quehacer educativo tiene derecho a participar como agentes y factores de educación. La escuela o la universidad tendrán un inmediato gobierno en su propio establecimiento y participarán del gobierno en su respectiva inserción política: municipal, provincial o nacional.

DICTÁMEN DE DISENSO

El gobierno de las entidades escolares o instituciones de cada jurisdicción o de las que cumplan esa actividad de cualquier forma, se realizará conforme a las normas propias que regulan su actividad y su naturaleza jurídica.
La instancia participativa se deberá promover desde la escuela misma, sea ésta oficial o privada.
En todos los establecimientos educativos deberá funcionar organizadamente las comunidades educativas integradas por: el personal directivo y los representantes, elegidos democráticamente de docentes, no docentes, alumnos, ex alumnos, la familia y la comunidad. Estos representantes deben ser elegidos por el voto directo de sus pares.
Cada una de las instancias educativas del gobierno de la educación, a través de los distintos consejos, debe tener atribuciones autónomas de acuerdo con los problemas de cada área y jurisdicción, debe tener descentralización administrativa, y delegación de funciones resolutivas en aquellos aspectos que determinen la normativa correspondiente. Cada una de las instancias jerárquicas ascendentes atenderá a los problemas que son comunes a varias unidades descentralizadas.
La representación de la comunidad en los Consejos Escolares de distrito o equivalentes, deberá hacerse por elección directa a través de una convocatoria especial.
La representación de los distintos organismos colegiados a nivel regional, distritos municipales o provinciales deberá hacerse por elección directa de cada uno de los componentes y en el caso de los docentes a través de sus organizaciones gremiales.
La implementación de este proceso participativo debe ser gradual y sistemático, con evaluaciones periódicas que permitan su ajuste y mejora, acorde a las distintas situaciones.
El Sistema Educativo no estuvo al margen de autoritarismo que afectó a la vida de toda la República.
Se desarticularon los canales de participación de docentes, alumnos y comunidad en general para centralizar la toma de decisiones en manos de una cúpula que aseguró la posibilidad de manipular los controles ideológicos.
El paternalismo educativo que impera en las estructuras de Gobierno Escolar no ayuda a la defensa y consolidación del sistema democrático.

La instancia participativa se deberá promover desde la escuela misma.
En todos los establecimientos deberán funcionar comunidades educativas integradas por: la dirección y los representantes elegidos democráticamente del personal docente y no docente, de los alumnos, de los ex alumnos , de los padres y miembros de la comunidad. En las unidades escolares se posibilitará y promoverá la experimentación, innovación e investigación pedagógica.

PUNTO 4: LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL GOBIERNO DE LA EDUCACIÓN

DICTÁMEN DE DISENSO

El sistema educativo, debe facilitar y estimular la participación protagónica de todos los integrantes de la comunidad (sobre todo en la familia) con igual nivel de responsabilidad social en todas las acciones educativas que se realizan, puesto que el logro del bien común es responsabilidad de todos.
La administración educativa que promueva la democracia debe comenzar por democratizarse en su estructura. El sistema educativo debe promover posibilidades de control por parte del conjunto de la sociedad sobre su funcionamiento.
La escuela debe constituirse en un ámbito de participación, promoviendo en su seno la aplicación de métodos y prácticas pedagógicas sociales participativas para su funcionamiento.
Con esto promovemos la distribución efectiva del poder, para que no exista solamente una autoridad que manda y una comunidad educativa que cumple ordenes

El Sistema Educativo debe facilitar y estimular la participación protagónica de todos los integrantes de la comunidad en especial de familia, con igual nivel de responsabilidad social en todas las acción es educativas que se realicen puesto que el logro del bien común es responsabilidad de todos.
Para ello se implementarán, a nivel de cada unidad educativa, CONSEJOS DE ESCUELA.
Dichos consejos que actuarán en el ámbito público como privado tendrán carácter consultivo, asesor, directivo o deliberativo a decisión de cada comunidad educativa y de acuerdo a la situación jurídica del establecimiento, y de los derechos adquiridos por los docentes.

LAS FUENTES ACTUALES DE FINANCIAMIENTO. NUEVAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

PUNTO 5: LOS GASTOS EN LA EDUCACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE LAS JURISDICCIONES Y SU DISTRIBUCIÓN

DICTAMEN DE ACUERDO MAYORITARIO

El Estado debe concebir el financiamiento de la educación como una inversión y no como un gasto.

No debe subordinarse el desarrollo educativo y cultural del pueblo al pago de la deuda externa y sus intereses, así sea en calidad de variable de ajuste.

El presupuesto para la educación no debe ser en ningún caso inferior al 25% del presupuesto nacional o provincial, conforme a lo recomendado por la UNESCO y algunas de nuestras constituciones provinciales.

El Estado tiene la obligación de prestar y asegurar la prestación, aún económicamente, de la educación integral para todos, en consecuencia debe sostener a la escuela pública.

El financiamiento de la educación pública debe partir de determinar previamente las necesidades educativas y ser suficiente para asegurar:

La gratuidad y la más alta calidad de la enseñanza en todos los niveles y modalidades.
La igualdad de oportunidades y posibilidades para asegurar el inalienable derecho que tiene el hombre de aprender y los conocimientos de su tiempo.
La asistencialidad integral del alumno, incluyendo además de las necesidades vitales, el desarrollo de los servicios de orientación escolar (ya sea en zonas urbanas, suburbanas, rurales, de frontera y para los grupos de menores recursos), para tratar de combatir la deserción, el ausentismo y el analfabetismo.
Fortalecimiento de la infraestructura, construcciones de las necesarias, equipamiento básico y de avanzada para atender al crecimiento de la población estudiantil en todos los niveles, comenzando por los establecimientos menos dotados.
Provisión del personal docente y no docente necesario, remunerado de acuerdo a las exigencias de su alta función social.
Apoyo a la investigación, bibliotecas populares y toda actividad que promueva el desarrollo cultural del pueblo.

Existen distintas realidades dentro de la escuela privada, gratuitas, con fines de lucro, con fines comunitarios, confesionales, no confesionales, etc.

La escuela privada gratuita o cuasi-gratuita, con profundo sentido comunitario será subvencionada para que alcance para sostenerse en tanto se inserte en el Proyecto Nacional, responda a los lineamientos de la política educativa y cumpla con los principios de la justicia social y la igualdad de oportunidades.

En materia de financiamiento este aporte del Estado a la iniciativa privada no podrá superar en ningún caso a lo asignado a la escuela pública.

La escuela privada que no se encuadre en los lineamientos precedentes, será desalentada y por lo tanto deberá autofinanciarse, sometiéndose a la supervisión estatal.

El aporte estatal se distribuirá entre las escuelas privadas con un criterio objetivo en base al principio de justicia distributiva, en el marco de la justicia social y teniendo en cuenta tres aspectos:

La cuota que se percibe.
El tipo de establecimiento.
La función social que cumple en su zona de influencia.

Además se debe mejorar el control sobre los establecimientos que reciben aporte articulando las leyes que correspondan para sancionar las infracciones al sistema.

La Nación debe transferir a las Provincias, a través de la ley de Coparticipación Nacional los fondos necesarios que se utilizarán con exclusividad para el financiamiento del Sistema Educativo.

En el caso concreto de Universidades Nacionales la autonomía debe ser complementada con autarquía financiera para asegurar la triple función de la docencia, investigación y extensión, pudiendo estar así al servicio de su pueblo.

El Estado Nacional y los Estados Provinciales deberán adecuar la legislación a los efectos de que se cumplan las pautas prefijadas dentro de un marco jurídico que sustente el Proyecto Educativo Argentino.

PUNTO 6: LAS COOPERADORAS ESCOLARES. LAS COOPERATIVAS

DICTAMEN DE CONSENSO UNÁNIME

El gobierno nacional, los provinciales y municipales, favorecerán la creación y funcionamiento de las cooperativas escolares y escuelas cooperativas. Se fomentará el cooperativismo en donde los elementos del medio ambiente puedan ser aprovechados para tal fin, acrecentando con ello el desarrollo de dichos establecimientos que obrarán como multiplicadores del sistema.

Se reconoce que las cooperadoras y cooperativas pueden cumplir un aporte importante al financiamiento, pero no puede sustituir la obligación del Estado de garantizar los fondos necesarios para atender a los gastos de inversión y funcionamiento.

Además cooperadoras y cooperativas no deberían ser sólo apoyaturas económicas sino un instrumento o mecanismo de educación para proveer la participación y el espíritu de cooperación de la comunidad en los problemas educativos, que en el caso del financiamiento podrían concretarse no sólo a través de bienes o dinero, sino también en aporte de trabajo.

También debiera promoverse y difundirse como fuente de financiamiento la realización de investigaciones, a nivel superior de la enseñanza, para empresas públicas o privadas, así como la venta de bienes y servicios producidos por las instituciones educativas, tanto en el nivel terciario como en el nivel medio, y aun en ciertos casos, en el nivel primario.

Se apoya, además que las cooperadoras administren fondos no destinados a atender gastos habituales de la prestación del servicio educativo. Se solicita además que se reglamente la relación cooperadora-docente de la escuela.

Las cooperadoras que solo cumplen una función económica de ayuda a los colegios del Estado deben convertirse en verdaderas asociaciones de padres que participen no sólo en el gobierno financiero del establecimiento sino también alentando la gestión propia de la unidad educativa a la que pertenecen.

PUNTO 7: LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES. FORMAS DE AMPLIACION Y MEJORAS DE LOS SERVICIOS QUE NO SIGNIFIQUEN NUEVOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.

DICTAMEN DE CONSENSO UNANIME

La eficiencia en la administración de los recursos disponibles y la ampliación o mejora de los servicios se logrará mediante la descentralización, desburocratización y nuclearización, la que traerá consigo un menor costo de estructura y un mejor control de la eficiencia en el gasto.
Los recursos financieros actualmente disponibles, deberán administrarse con más equidad y con mayor sentido de oportunidad.
La administración económica deberá ser más abierta, clara y pública, de forma que la ciudadanía esté al tanto del destino que se da a las partidas que el estado canaliza para educación que se asignen a cada repartición y a los establecimientos.
Redistribuir el presupuesto de la educación acorde con las necesidades socio-económicas, de modo de asegurar la justicia social y la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta la falta de desarrollo y no solo la densidad poblacional, para contribuir al arraigo de la población y la consecuente promoción socio-económica local y regional, especialmente en las áreas y zonas de frontera.
Es necesario evitar la superposición de servicios nacionales, provinciales y municipales.
Se debe aprovechar en forma integral las infraestructuras existentes, oficiales y privadas, en forma concertada.
Se propicia el traspaso de servicios educativos a las provincias, conjuntamente con los recursos necesarios y previa concertación, para no duplicar los gastos de administración y supervisión.
Se promoverá la colaboración entre comunas y municipios, establecimientos educacionales e instituciones intermedias para el mejor aprovechamiento de los recursos económicos y humanos.
Para lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos es necesario flexibilizar las normas legales que dificultan el uso de los fondos asignados, haciéndolo de un modo mas ágil y racional.
Especial atención deberá prestarse en el uso de los recursos a nivel universitario.
Una articulación de los sistemas de financiamiento a la enseñanza no estatal en todos los niveles, permitirá plasmar mas adecuadamente el principio de la justicia distributiva y al mismo tiempo hacer mas eficiente la asignación del gasto publico al sector educativo.

PUNTO 8: OTROS ASPECTOS DEL GOBIERNO Y FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION.

DICTAMEN DE CONSENSO UNANIME

Institucionalizar, fomentando su creación donde no existen, las asociaciones de padres, con el objetivo de participar en el gobierno y financiamiento de la educación.
Promover la constitución de fundaciones que canalicen aportes empresarios y personales, con la finalidad de ayudar a la tarea educativa, especialmente en áreas de frontera.
Propender a la creación de escuelas productivas de acuerdo a las diferentes características regionales.
Logar que los producidos de las escuelas técnicas y agrarias vuelvan a ellas para incrementar sus recursos.
Los recursos producidos por el sistema educativo, retroalimentarán en su financiación para la cual las leyes de contabilidad de cada jurisdicción deberán facilitar la utilización de los mismos.
Desgrabar impositivamente a quienes tengan servicios educativos, elaboren textos, provean material educativo y contribuyan al mejoramiento de la infraestructura educacional.
Crear puestos adicionales a las ganancias netas no reinvertidas en el país, y a las empresas multinacionales y latifundios, como nuevas fuentes de financiamiento con destino a educación.
Destinar un porcentaje de las regalías para educación.
Promover la desgrabación impositiva parcial a aquellas empresas que habiliten instituciones escolares o contribuyan en forma efectiva a su sostenimiento.
Aumento del 10% en los impuestos correpondientes al tabaco y al alcohol, destinados totalmente al ministerio de educación.
Fomentar la desgrabación imposistiva en beneficio de la enseñanza técnica y la tecnología de punta.
Fomentar la creación de mecanismos jurídicos, económicos entre sectores productivos, centros técnicos, universitarios y de investigación, estatales y no estatales.
Procurar una legislación adecuada para la construcción de edificios escolares en los nuevos planes de viviendas.
Eximir del pago de derecho de Argentores y SADAIC, a los actos benéficos de las escuelas.
Modificar a la mayor brevedad las leyes de contabilidad en las distintas jurisdicciones, para el logro de un más oportuno uso de los recursos y como una contribución efectiva a la desburocratización del sistema.

DICTAMEN DE DISENSO DE UNA PERSONA (OTRAS POSTURAS)

El Estado no subvencionará la educación privada. La subvenciones actualmente vigentes se disminuirán en forma gradual, hasta la eliminación total de las mismas, en un plazo de cinco años.

El nuevo sistema educativo que responde a un proyecto de país que el pueblo anhela y reclama, no puede estar sustentada en los exiguos porcentuales que el presupuesto nacional destina a educación.

Es menester analizar otras cuestionas como el tema de la deuda externa, de la coparticipacción federal, la política tributaria nacional y el blanqueo de capitales.

Por eso proponemos:

Dejar de pagar al extranjero deudas ilegítimas.
Que el financiamiento de la educación debe provenir de una única fuente de recursos, a través del sistema tributario.
Que no se considere como contribución financiera deducir de sus ganancias, los aportes de empresas o sectores, pues ellas condicionarán fuertemente las decisiones político-educativas, fundamentalmente en lo que se refiere a los contenidos.
El Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales a través de sus tres poderes, deberán realizar una tarea coordinada y responsable para:
1. Detectar y erradicar definitivamente los elementos represores que subsistan como resabios del proceso pasado, funcionando al margen del orden constitucional.
2. Crear, si no existiere los instrumentos legales que posibiliten también la sanción económica a quienes hubieren realizado o realicen en el futuro acciones probadas de represión, destinando los fondos que así se obtuvieran a incrementar el presupuesto educativo.
3. Que se cobre un impuesto extraordinario a las multinacionales afectado a su beneficio y se destine a educación.
4. Anulación de la ley 22950 (Seminaristas).
5. Exclusión de los institutos militares y policiales del presupuesto educativo.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES SOBRE EL TEMA SUBSIDIARIEDAD Y PRINCIPALIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO. PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ALFREDO SANTANA, VENTURA BASUTTO, RICARDO M. DE LA TORRE, CARLOS F. DIEDRICHS, JUAN C. CAVALLERO VIDAL, JOSEFINA S. MAGURNO, HÉCTOR A. ZUDAIRE, ELSA ANDRADE Y RODOLFO FLORIDO.

Consideramos que este tema que ha sido motivo de amplio debate en Congreso Pedagógico, requiere la contribución de claras definiciones: sin ellas, se corre el peligro de transmitir al pueblo un mensaje ambiguo o tan contradictorio, que pueda decepcionarlo sobre el valor del intercambio de ideas en un régimen democrático.

La confusión existente radica ante todo en que se trata de dos términos potencialmente equívocos, es decir, susceptibles de interpretarse en sentidos diversos y aún opuestos.

Los abajo firmantes queremos contribuir a su correcta definición descartando dos interpretaciones que consideramos falsas, y no compartidas por la inmensa mayoría de los argentinos.

Por un lado proponemos que se descarte la interpretación colectivizante del término principalidad del Estado, características de las ideológicas y regímenes en que el mismo se vuelve instrumento del dominio de una minoría de burócratas y tecnócratas, sobre el resto de la población.

En el segundo lugar, rechazamos la interpretación anarquizante del término subsidiariedad del Estado, en virtud de la cual este debería limitarse a "dejar hacer y dejar pasar" sin asumir sus funciones de promotor y guardián del bien común. Esta falsa interpretación del término a tenido cierta difusión en nuestro país en los últimos dos años.

Ambos equívocos se potencian mutuamente, pues los defensores de la "principalidad" colectivizante pretenden que la única aceptación de "subsidiariedad" es la...

En nuestro país, actualmente ningún sector importante rechaza la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a decidir sobre la educación que recibirán sus hijos. Este derecho supone, necesariamente el de elegir y promover institutos de enseñanza que bajo la supervisión y control del Estado, brinden la orientación educativa deseada.

El rechazo de este derecho sería un signo de miedo a la libertad, y desconocería la riqueza que un sano pluralismo ofrece a la educación y la cultura.

Pero ese derecho de los padres, además, puede quedar reducido a una abstracción o volverse privilegio de minorías, si ellos no reciben la ayuda que proporcionalmente les debe en justicia el Estado.

El presupuesto educativo se integra con los impuestos directos o indirectos con que todos -hasta el más humilde consumidor- contribuye. Es de justicia que todos los padres tengan la oportunidad de recibir esa ayuda para el bien de sus hijos. La necesaria igualdad de oportunidades en materia educativa pasa también por allí. A lo largo y a lo ancho del país muchísimas familias de modestos recursos quisieran poder ejercer esa opción, en la práctica les es negada.

A partir de la iniciativa expuesta por el Sr. Presidente de la República en su discurso inaugural de revisar el uso de los subsidios que actualmente recibe la educación orientada según las referencias paternas, no sólo se podrá discernir si alguien está recibiendo un apoyo indebido. También corresponderá cuantificar la situación inversa: cuántos son los que quieren recibir ese apoyo, porque anhelan para sus hijos esa oportunidad, y teniendo derecho a recibirlo, no lo reciben.

Pero además, si el estudio propuesto se realiza con rigor científico, también permitirá verificar hasta que punto la gestión no estatal se desenvuelve con mejor economía de recursos que la directamente a cargo del Estado. Las cifras globales que se conocen, en las que un 8% del presupuesto sostiene la educación de aproximadamente un 25% del alumnado, hacen pensar que el loable intento de racionalizar el uso de los recursos fiscales también puede alcanzarse a través del pleno ejercicio del derecho de los padres.

OBSERVACIÓN AL TEXTO DEL PUNTO 5 LOS GASTOS EN LA EDUCACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE LAS JURISDICCIONES Y SU DISTRIBUCION. LAS FUENTES ACTUALES DE FINANCIAMIENTO. NUEVAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Presentada por el representante Albino Cota

No se acepta "sostener" en la idea, de subvencionar para sostener dado que no define con claridad el alcance del apoyo a las escuelas privadas con características determinadas y si se acepta el término de subvención, con el criterio acorde a las reglamentaciones vigentes de la provincia de Buenos Aires que si maneja el término subvención referido al pago de haberes a los docentes de algunos servicios privados de la citada provincia.